Siguen las denuncias de acoso en el refugio para personas sin hogar de la Calle 38
El Sunset Post obtuvo documentos que muestran que el personal del refugio para personas sin hogar ubicado en la Calle 38, referido internamente como el Comfort Inn (porque ocupa el espacio de lo que antes fue un hotel Comfort Inn), estaría forzando y coaccionando a residentes a salir del refugio el día de una inspección legalmente obligatoria realizada por el Departamento de Servicios Sociales y el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DSS/DHS). La inspección se conoce comúnmente como una inspección Callahan.
Esto tiene el efecto de impedir que los residentes puedan hablar con el DHS o con la Coalición para las Personas sin Hogar, que monitorea estas inspecciones, sobre las condiciones del refugio o el trato que reciben por parte del personal.
Inspecciones Callahan
En 1981 se emitió un decreto de consentimiento titulado Callahan v. Carey, el caso histórico que creó el derecho a refugio para hombres sin hogar en la ciudad de Nueva York. El caso, una demanda colectiva, fue encabezado por Robert Callahan, un hombre sin hogar que murió mientras dormía en la calle antes de que el decreto entrara en vigor.
Aunque el objetivo principal del decreto era garantizar que todos los hombres sin hogar tuvieran una cama donde dormir cada noche, el decreto también estableció otros estándares que los refugios deben cumplir. Entre ellos: las camas deben tener “un ancho mínimo de 30 pulgadas, estar sólidamente construidas, en buen estado y equipadas con resortes limpios”; “debe haber como mínimo un inodoro y un lavabo por cada seis residentes, y al menos una bañera o ducha por cada diez residentes”; y “la calefacción debe mantenerse de acuerdo con las normas de la ciudad de Nueva York para viviendas de alquiler”.
En 1982, el caso Eldredge v. Koch extendió el derecho al refugio a las mujeres.
Una vez al año, cada refugio del sistema debe ser inspeccionado para garantizar que se mantengan estos estándares. Las inspecciones son realizadas por el DHS y monitoreadas por un representante de la Coalición para las Personas sin Hogar. Una parte integral de estas inspecciones son las entrevistas con los residentes (a quienes el DHS y sus afiliados se refieren como “clientes”).
Cronología de los hechos
Más de un mes antes de que se realizara la inspección (programada para el 23 de febrero), comenzaron a aparecer volantes en el refugio de la Calle 38, junto a los ascensores de cada piso, indicando: “El edificio estará cerrado para todos los clientes, EXCEPTO clientes con condiciones médicas frágiles, debido a nuestra Inspección Callahan anual.”
Un volante que, según residentes del refugio, fue colocado para presionarlos a salir durante la inspección Callahan y limitar su contacto con los inspectores.
El Sunset Post envió este volante al DSS por correo electrónico para solicitar comentarios. Un portavoz del DSS respondió, afirmando: “La política del DSS no permite que los proveedores obliguen a los clientes a abandonar la instalación, y hemos abordado este ‘oversite’ [sic] con el proveedor.”
El Sunset Post pidió más detalles sobre qué significaba “abordado”, pero no recibió respuesta.
Cinco días después, El Sunset Post obtuvo un segundo documento: un volante adicional colocado junto a copias del primero, que no habían sido retiradas.
Este segundo volante anunciaba una “invitación a una excursión diurna” el día de la inspección, con destino a la Biblioteca de Grand Army Plaza o al Cine Alpine.
El Sunset Post envió este segundo volante al DSS y preguntó por qué los primeros volantes seguían colgados.
En respuesta, un portavoz dijo: “Con respecto al volante que indicaba a los clientes que debían abandonar la instalación, agradecemos que nos haya informado que aún estaba colocado. Hemos reiterado las políticas de la agencia al personal del programa y continuaremos dando seguimiento para asegurarnos de que no se emitan directivas contrarias a la política del DHS. También quería compartir más información sobre la excursión diurna. En ocasiones, los programas de refugios programan un evento alternativo durante las inspecciones Callahan. Esto no tiene como objetivo obligar a los clientes a salir del lugar ni impedir que compartan testimonios honestos, simplemente les permite evitar cualquier inconveniente que pueda causar la inspección. Estos viajes o eventos son estrictamente voluntarios, los clientes son bienvenidos a permanecer en el refugio durante la inspección, pero las inspecciones Callahan son bastante exhaustivas, se inspeccionan todos los baños, duchas, camas, etc., y esto puede resultar disruptivo o incómodo para los clientes, por lo que a veces el programa hace arreglos alternativos. Una menor presencia de clientes también puede hacer que estas inspecciones sean más eficientes y menos disruptivas. Para reiterar, cualquier viaje o evento es totalmente voluntario, y los clientes pueden permanecer en el lugar.”
Esta respuesta, que aborda varios aspectos de las inspecciones Callahan, contradice la postura de la Coalición para las Personas sin Hogar. Jamie Powlovich, gerente senior del Equipo de Acceso al Sistema y Cumplimiento de Refugios de la Coalición, señaló que encontrar refugios vacíos durante las inspecciones es un problema recurrente.
“Cuando encontramos refugios vacíos durante las inspecciones, recordamos a los refugios y al DSS que los clientes deben estar presentes para que podamos escuchar directamente sus experiencias. El único tipo de desalojo que solicitamos es que los residentes de dormitorios específicos salgan del área de descanso para poder medir la habitación y el mobiliario.”
Sobre el segundo volante, el que anunciaba la excursión, la Sra. Powlovich dijo: “Eso es intentar ser astutos. Porque también existe el requisito de diez horas semanales de recreación.”
La noche siguiente a la declaración del portavoz del DSS de que habían “reiterado las políticas de la agencia al personal del programa”, los volantes fueron retirados, según Ron Davidson, residente del refugio.
Un decreto que necesita actualización y codificación
El decreto Callahan tiene 45 años y necesita ser actualizado, según la Sra. Powlovich, un proceso en el que la Coalición está trabajando.
“Por ejemplo, el decreto especifica que los clientes deben tener acceso a teléfonos públicos. Ya no existen teléfonos públicos. Así que ahora tratamos de asegurarnos de que tengan acceso a algún tipo de teléfono.”
El problema mayor del decreto es cómo se mide el cumplimiento. No existe un documento formal que detalle cómo un refugio cumple con el decreto Callahan, ni una guía que establezca cómo deben realizarse las inspecciones de manera uniforme.
Esto explica, en parte, por qué refugios como el de la Calle 38 exigen abiertamente que sus clientes abandonen el edificio los días de la inspección. En ninguna parte del decreto se indica que esto esté prohibido, porque el decreto no describe cómo deben llevarse a cabo las inspecciones.
En ausencia de dicho documento, lo único que queda es la “política del DSS”, la cual nunca fue proporcionada de forma concreta para revisión por El Sunset Post.
La Sra. Powlovich indicó que la Coalición está en contacto con funcionarios municipales para crear una política Callahan oficial y por escrito, aunque no hay un cronograma disponible.
Igualmente importante, señaló, es lo que sucede cuando un refugio es encontrado en violación del decreto. El único recurso de la Coalición es reportar las violaciones al DHS, que en algunos casos es la misma entidad que administra los refugios e inspecciona las instalaciones. No se imponen sanciones, ya sea que el refugio sea operado por el DHS o por un contratista. Todo lo que la Coalición y los clientes pueden esperar es que los problemas se aborden directamente, lo cual a veces ocurre y a veces no. Para los refugios que no realizan cambios, la Coalición sí recurre a los tribunales, donde el éxito también es variable.
Abuso del personal como violación
La investigación del Sunset Post sobre el refugio de la Calle 38 comenzó cuando Ronald Davidson, residente del refugio, compartió su experiencia de haber sido privado de adaptaciones por su discapacidad, la afasia, una condición que afecta la capacidad de comunicación. En el caso del Sr. Davidson, su dificultad es la comunicación verbal. Su discapacidad se originó a partir de un traumatismo craneal sufrido en 1979, tras sobrevivir a una caída desde un tercer piso.
En diciembre de 2025, El Sunset Post publicó un artículo detallando algunas de sus acusaciones, así como las de otros residentes del refugio.
Aunque los residentes denunciaron mala calidad de los alimentos y condiciones inadecuadas para dormir, la mayoría de las quejas se centraron en el trato del personal. En el artículo anterior del Sunset Post, un residente informó que un miembro del personal le quitó su andador y lo lanzó contra otro trabajador.
A lo largo de una serie de conversaciones con el Sr. Davidson, ha surgido un panorama más claro del abuso verbal, emocional y sexual que afirma haber sufrido.
El Sr. Davidson relató una historia tras otra de conflictos con el personal en cuatro refugios diferentes, a los que fue trasladado repetidamente debido a lo que él considera represalias por ejercer sus derechos. En su mayoría, afirma encontrarse en conflicto constante con el personal por la falta de adaptaciones para su afasia, que interfiere con su capacidad de comunicarse verbalmente. Por esta razón, utiliza dos computadoras portátiles de 150 dólares cada una, que compró con su propio dinero, para escribir sus pensamientos de forma lineal.
En el segundo refugio al que fue asignado después de quedarse sin hogar en 2024 (tras ser desalojado de su vivienda de larga data en Roosevelt Island), solicitó una mesa y una silla para su habitación, que usaría para colocar sus computadoras. Según relata, se le dijo que debía comprar esos artículos por su cuenta. Tras conseguir una mesa y una silla de una escuela primaria cercana, a la que afirma haber acudido directamente y donde se los dieron de forma gratuita, fue acusado por el personal del refugio de haberlos robado. Poco después, fue trasladado a otro refugio.
En este tercer refugio, se le informó que no tenía permitido ingresar muebles. Su mesa y su silla le fueron retiradas. Informó al refugio que esto constituía una violación de sus derechos como persona con discapacidad y, además, una violación del acuerdo Butler (2017), que establece que los refugios deben acomodar a residentes con discapacidades. El Sr. Davidson presentó una demanda contra este refugio. Posteriormente fue trasladado al refugio de la Calle 38. Él cree que este traslado fue una represalia directa por haber informado al refugio que había iniciado la demanda.
El Sr. Davidson se refiere al refugio de la Calle 38 como un “gulag”, no solo por sus condiciones materiales, sino por el trato que recibe del personal. Según afirma, hace algunos meses se encontraba duchándose cuando una miembro del personal ingresó a la habitación y lo increpó mientras estaba desnudo. Dijo que le indicó que no podía estar allí mientras se bañaba y que, en respuesta, ella le contestó que “tenía permitido estar donde quisiera en cualquier momento”.
Más recientemente, el Sr. Davidson sostiene que, mientras dormía, miembros del personal ingresaron a su habitación y retiraron varios de sus objetos personales, incluidos bolsitas de té, miel y su medicación recetada.
Al despertar, se alarmó al saber que habían entrado a su habitación sin previo aviso mientras dormía y que le habían sustraído pertenencias. Sobre todo, temió que su medicación hubiera sido desechada, entre ella un inhalador para el asma.
Pudo recuperar su medicación a través de un empleado del refugio a quien describió como “estratégicamente cruel”, es decir, alguien que, según él, encaja dentro de la “cultura abusiva” del refugio al maltratarlo verbalmente, del mismo modo que, afirma, se maltrata verbalmente a todos los residentes, pero que es amable y servicial con él cuando no está siendo observado.
El resto de sus pertenencias no le fue devuelto. Otro miembro del personal le dijo que no tenía conocimiento de que alguien hubiera ingresado a su habitación.
El Sr. Davidson fue quien entregó al Sunset Post los volantes que estaban pegados en las paredes del refugio. Aunque vive con miedo constante al abuso y a las represalias, continúa compartiendo información con la prensa porque mantiene la esperanza de que se produzcan cambios.
Señaló que el martes 13 de enero, Rosy Gelin, comisionada adjunta del DHS, realizó una visita al refugio. Según él, sus interacciones con ella fueron benignas, aunque condescendientes (le preguntó si las nuevas alarmas visuales contra incendios eran adecuadas para él, a pesar de que la sordera no es una de sus discapacidades). Mencionó este episodio porque los primeros volantes, los que exigían que todos los clientes abandonaran el edificio el día de la inspección, seguían colgados durante la visita y, aparentemente, no suscitaron comentario alguno por parte de ella, a pesar de que esto estaba “en contra de la política del DSS”.
El Sr. Davidson enfatizó que, si Acacia se saliera con la suya, ningún residente estaría presente durante la inspección para dar testimonio del abuso sufrido a manos del personal.
La Sra. Gelin no respondió a una solicitud de comentarios, ni un representante del DSS abordó este tema cuando se le preguntó al respecto.
Ningún empleado del refugio respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios. Por esta razón, aunque el testimonio del Sr. Davidson resulta convincente, al momento de la publicación permanece sin corroboración independiente.
Aunque la Coalición para las Personas sin Hogar se centra en abordar las condiciones materiales de los refugios, como la alimentación, que la Sra. Powlovich describió como “horrífica”, también investiga denuncias relacionadas con el trato del personal.
Indicó que “el nivel más alto de quejas tiene que ver con el trato del personal”, pero que, al mismo tiempo, son las más difíciles de abordar. Los miembros del personal niegan las acusaciones y, según sospecha, sobornan o intimidan a los clientes para que no den seguimiento a sus denuncias. Cuando la Coalición acude a preguntar a los clientes sobre las quejas relacionadas con el trato del personal, “de repente las quejas se vuelven vagas o dicen haber olvidado los detalles”.
En relación con el trato del personal, un portavoz del DSS compartió la siguiente declaración:
“En todos los refugios del DHS, la salud y la seguridad de nuestros clientes son primordiales. Tomamos con seriedad los informes de mala conducta o discriminación y trabajamos estrechamente con nuestros proveedores para abordar las inquietudes caso por caso. Todo el personal de proveedores contratados por el DHS recibe capacitación para garantizar la prestación de servicios informados por el trauma y centrados en el cliente, que prioricen su bienestar y les ayuden a superar barreras hacia la independencia. El DHS también cuenta con procesos sólidos de adaptaciones razonables para garantizar que los clientes con discapacidades o necesidades médicas reciban las adaptaciones adecuadas para acceder de manera significativa al refugio y participar en los servicios. Para las personas que puedan tener otras necesidades, además de las adaptaciones razonables, trabajaremos con los clientes para garantizar que puedan recibir los apoyos adecuados y acceder a los servicios necesarios.”
Contratistas que actúan con impunidad
“Cuando se utilizan fondos públicos para atender una necesidad pública, deben existir expectativas claras. ¿Y qué sucede cuando no se cumplen esas expectativas?”, pregunta la Sra. Powlovich.
Como se informó previamente, los ejecutivos de Acacia Network, la organización que administra el refugio de la Calle 38, reciben, en conjunto, millones de dólares en salarios, derivados en gran medida de contratos con agencias de la ciudad, mientras que sus clientes presuntamente sufren abusos y se ven privados de sus derechos.
Acacia no es un caso aislado. En el informe de 2024 del Departamento de Investigación sobre organizaciones sin fines de lucro financiadas por la ciudad que operan refugios para personas sin hogar, se encontró que muchos operadores incurrían en prácticas de auto-beneficio con fondos públicos.
La Sra. Powlovich se mostró cautelosamente optimista ante posibles cambios “con la asunción de la nueva administración”, en referencia a la administración del alcalde Zohran Mamdani, aunque señaló que hasta el momento no se han implementado cambios importantes.
La Junta Comunitaria 7 tiene previsto abordar la cuestión de la discriminación contra residentes con discapacidades en los refugios. La oficina de su gerente de distrito saliente, Jeremy Laufer, mantuvo una reunión en diciembre con un panel de agencias de la ciudad, incluido el DSS, pero el tema fue postergado para la reunión de febrero.